Le echó montón a la ex tesorera, acompañado de quince empleados.
Por: Roberto Nava Briones y Xavier Quiñones.
La ex tesorera general de Tepeyanco, Erika Alvarado Flores, interpuso el pasado sábado una denuncia penal ante la Procuraduría de Tlaxcala, en contra el presidente municipal y ex diputado local Bladimir Zainos, por conducta arbitraria y violenta presuntamente violatoria del artículo 21 de la Constitución federal.
La denuncia dirigida al Procurador Tito Cervantes y sellada de recibido el 18 de marzo, refiere “hechos que pueden ser constitutivos de delito, cometidos por el presidente municipal de Tepeyanco Bladimir Zainos Flores y otros sujetos”.
Al confiscar documentación y dinero a su tesorera de facto, el fisicoculturista Zainos no actuó sólo sino en bola, acompañado ni más ni menos que de unos 15 empleados suyos.
Los sujetos aludidos en la denuncia de la contadora Alvarado (“entre los que iban y pude identificar”), están José Manuel Amozorrutia, Azael Rivera, José Luis Juárez, Tomás Rivera, Estefanía Sosa, Reginaldo Muñoz, Diego Martínez, Gabriel Viveros, Héctor Telocha, Víctor Águila, Alejandro Pichón, Roberto Soto y Lucía Flores.
Al respecto, la denunciante precisa que fue “contratada verbalmente” por Zainos desde el primer día de su administración, el pasado 1 de enero, en calidad de “encargada” de la Tesorería en general.
Sin embargo, la labor de la contadora Alvarado Flores y su auxiliar Selegna Morales González, fue suspendida hacia las 5 de la tarde del 15 de marzo, cuando “de manera violenta y agresiva fuimos conminadas a entregar inmediatamente la oficina”.
Se lee en la denuncia que “ante la agresividad del presidente y otros sujetos que lo acompañaban”, la funcionaria Alvarado y la empleada Morales se vieron obligadas a entregar sin más trámite “la documentación, el efectivo, estados de cuentas bancarias y chequeras del municipio, entre otros documentos”.
Cuando los alcaldes violan las leyes, difícilmente pueden rendir cuentas ante la ley como cualquier ciudadano, pues disfrutan del privilegio del fuero, pues para ser juzgados por conductas ilegales se requiere de un largo, tortuoso y politizado procedimiento en el Congreso.
De hecho, los ediles casi nunca son sancionados penalmente tampoco por el uso que dan al dinero público, a pesar de abundar las cuentas de los presidentes en irregularidades variopintas.
