Autor: Enrique Gasga
Que el PRI, PAN y PRD construyan algo como una “Ley anticorrupción” funcional, siendo estos partidos de donde han emanado miles de políticos que han contribuido al sostén del sistema corrupto que ha dañado por décadas al país equivale a pensar que un tratante de personas puede ser apto para dar clases de moral y civismo; pero al difundir dicha propuesta seguramente piensan estos institutos políticos que esto puede generarles votos en las entidades donde habrá elecciones en junio próximo.
La corrupción lamentablemente ha sido la columna vertebral del ejercicio de la política y la administración del gobierno en México, y en el caso de los tres partidos con mayor presencia en las últimas décadas en el país existen innumerables ejemplos de funcionarios y políticos de todos los niveles que han sido exhibidos por los excesos que han cometido escudándose en el cargo que las leyes que ellos mismos han avalado les dan.
Resulta por ello una ironía que sean estos propios partidos políticos quienes ahora estén “preocupados” por “resolver” el problema de la corrupción en el país.
En este sentido, parece una burla de pésimo gusto la posición del PRI donde se jactan de engrandecer al actual presidente de la República Enrique Peña Nieto como en el caso de la secretaria general del CEN del PRI Carolina Monroy Del Mazo quien durante su visita reciente a Tlaxcala refirió que dicha iniciativa es un propósito que impulsó el presidente; aunque obviamente nada dijo por ejemplo de los múltiples gobernantes emanados de su partido que han estado involucrados en casos de corrupción.
El caso más reciente es el del ex gobernador priista y ex líder nacional del PRI Humberto Moreira Valdés a quien la justicia española señaló por lavado de dinero derivado de operaciones por miles de euros depositados al ex gobernador a través de dos empresas: Nipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría Publicidad.
Y donde el PRI en todo momento defendió a Humberto Moreira, y sin que ni el instituto político ni presidencia de la República plantearan que se hiciera una investigación en México sobre dichas acusaciones, por lo que el caso viene a ser alimento de impunidad.
Y resulta significativo el hecho que por el PRI quien salió casi inmediatamente a defender a Moreira fue precisamente Carolina Monroy.
En Tlaxcala la corrupción es visible también en estos tres partidos nacionales, y como muestra un botón; mientras miles de personas viven en estado de pobreza; hay un grave problema de desempleo; hay carencias insultantes en los sistemas de salud y educación; así como en el campo.
Pese a todo esto, cada año en el congreso diputados del PRI, PAN y PRD que son los que tienen mayor número de legisladores aprueban cuentas públicas del Ejecutivo y de muchos alcaldes a pesar de que no se comprueban gastos millonarios.
Hoy entre las propuestas de las dirigencias nacionales del PAN y del PRD a través de sus legisladores están sacar adelante las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y crear un fiscal “que tenga dientes” para vigilar las acciones de servidores públicos.
Esto último parece a primera vista un progreso para fortalecer la Ley anticorrupción; sin embargo, la experiencia nos dice que mientras sean los propios partidos políticos a través del Congreso de la Unión y de los congresos de los estados quienes sigan impulsando iniciativas para supuestamente auto castigarse, esto no puede funcionar.
Y es que mientras no existan órganos y personas que no tengan intereses directos con los partidos quienes al menos se encarguen de nombrar a los titulares de los órganos autónomos como la CNDH o del INAI, entre otros, y en este caso al fiscal anticorrupción, dicha Ley seguirá siendo una burla para los mexicanos.
