Autor: Enrique Gasga
La vergonzosa falta de calidad educativa en México y el nocivo papel de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su contribución a la permanencia de corrupción, vicios y abusos contra los padres de familia de millones de niños y jóvenes que se cometen en las escuelas públicas, no ha sido sino el resultado del desinterés de los gobiernos por extirpar este cáncer, o de su incapacidad para enfrentar a una mafia amalgamada por décadas en este sector; donde las sociedades de padres de familia no han logrado servir para revertir esto; sino como una herramienta de las autoridades educativas para beneficiar a sus grupos de poder.
Cada año a inicios del nuevo ciclo escolar padres de familia se quejan contra los enormes “cobros” y excesos que se practican en las escuelas de educación pública a cambio de la mala educación que ofrecen a sus hijos.
Sin embargo, se ven obligados a pagar, o de lo contrario sus hijos podrían pagar los platos rotos, además que con el perfeccionamiento de la organización corrupta de la gran mayoría de las sociedades de padres de familia actuales -regularmente amafiadas con los directivos de las escuelas-, lo que se obtiene es una “dictadura perfecta” (a la manera de la expresión de Vargas Llosa), en el sistema enfermo de la SEP.
Y es que desde hace muchas décadas la gratuidad de la educación en México sólo es un mito; esto junto con otros supuestos derechos que deberían tener los niños y jóvenes y los padres de familia; incluso los maestros si de verdad se cumpliera con lo que establece la ley se convierten también en mitos como el mismo “derecho a la educación”, empezando por conocer si de verdad la SEP imparte educación, y en su caso qué tipo de educación imparten las escuelas públicas.
Y es que por ejemplo el reglamento de la SEP correspondiente a las asociaciones de padres de familia, tuvo su última reforma desde el 8 de mayo de 1975 el cual establece entre otras cosas lo siguiente:
ARTICULO 6o.- Para el cumplimiento de su objeto las asociaciones de Padres de familia tendrán las siguientes atribuciones I.- Colaborar con las autoridades e instituciones educativas en las actividades que éstas realicen; II.- Proponer y promover, en coordinación con los directores de las escuelas y, en su caso, con las autoridades escolares y educativas, las acciones y obras necesarias para el mejoramiento de los establecimientos escolares y de su funcionamiento.
Ese reglamento de inicio a quién beneficia es a la propia SEP; ya que esto ha servido para justificar el cúmulo de cosas que los padres de familia tienen que aportar a la institución educativa, y poco, o nada contribuye a garantizar la seguridad y defensa de los derechos de ellos y sobre todo de sus hijos.
En Tlaxcala como en las demás entidades federativas -en unas más que en otras-, los abusos por parte de los directivos de las escuelas ha sido una constante.
En este contexto, las asociaciones, o sociedades de padres de familia que aproximadamente en los setentas y ochentas tenían como objetivo vigilar que no existieran abusos por ejemplo en la cantidad de útiles escolares que se pedía a los alumnos, y se respetara la seguridad sanitaria y física de sus hijos por parte de los propios docentes y en general; ya que se venía desde décadas atrás con una serie de costumbres en que se permitía incluso que los maestros reprendieran físicamente a sus alumnos.
Sin embargo, las sociedades de padres de familia sirvieron más en las escuelas para interceder por las mismas, generando beneficios económicos y de colaboración en varios rubros para las instituciones educativas, no así para proteger la economía de los padres de familia y la seguridad de los niños y jóvenes en las escuelas de educación pública.
Hoy de ninguna manera hay gratuidad en la educación como dice la ley en la materia; la queja de los padres por lo excesivo de la cantidad de útiles escolares que se les pedía a los niños se tradujo en la elaboración de una lista de útiles que no se respeta; ya que de todas formas se sigue pidiendo material durante todo el año escolar; y ahora incluso se ha mantenido una colaboración económica para material didáctico que de todas maneras compran los padres de familia, y entonces el recurso que se da no se sabe dónde queda finalmente.
En la entidad, además se han ido incorporando nuevas cuotas donde descaradamente ya hay una cuota de inscripción como en las instituciones privadas; pero ésta en la mayoría de casos se deposita en una cuenta bancaria de las sociedades de padres de familia quienes la entregan a la escuela, y con lo cual a la institución educativa no se le puede comprobar que pide dinero de inscripción; aunque si no se presenta el comprobante de pago no se inscribe al niño lo cual es violatorio de la ley.
Así actualmente en la entidad existen una serie de “colaboraciones” que los padres tienen que dar para que sus hijos puedan ingresar a alguna escuela de educación pública y durante el año escolar como son: cooperaciones para el material que se empleará en los exámenes que se les aplique a sus hijos; para limpieza, para las festividades escolares, e incluso para infraestructura de la escuela, todo esto gastos propios de las escuelas que el gobierno tiene la obligación de cubrir; pero que en un gran porcentaje terminan haciendo los padres de familia, mientras las instituciones educativas justifican esto con el artículo seis del reglamento.
Y aquí sería importante hacer una auditoría a fondo a la comprobación de gastos en todas las escuelas; ya que nada garantiza que no se facturen dichos gastos que en gran proporción pagan los padres de familia, y entonces a manos de quien va a parar ese recurso millonario.
Ante esto, y ya que hoy como desde hace muchos años la SEP pasa por una justificada falta de credibilidad, y el sistema educativo en México pasa por una fuerte crisis de falta de calidad educativa, vicios, desvíos de recursos y muchas otras corruptelas, a esto se suma esta situación de las sociedades de padres de familia.
Y es que la mayoría de estas sociedades de padres de familia que han terminado coludiéndose con los directivos de las escuelas para favorecer a las instituciones en el mejor de los casos, y en muchos otros incluso quedándose con el dinero de la propia sociedad.
Por tal motivo, urge sumar al nuevo proyecto educativo nacional en que se analiza el contenido de la mal llamada “Reforma Educativa”, una revisión y reforma del reglamento de las asociaciones de padres de familia donde se busque el beneficio real para la economía de los padres de familia y para la seguridad y defensa de los derechos de los estudiantes en que actualmente están cada vez más expuestos a un crecimiento de casos de violencia como el bullying exacerbado e inseguridad al interior y en la periferia de las instalaciones educativas.
