Posible Tráfico de Influencias en la PGJE

Y probable violación del artículo 428 del código penal

A la redacción de AlternativaTlx llega la siguiente nota:

A pesar del pésimo y negligente trabajo que actualmente se realiza en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), según fuentes extraoficiales, su titular Ernestina Carro Roldan, posiblemente estaría incurriendo en el delito de tráfico de influencias, al sancionar por una parte al agente del ministerio público de homicidios dolosos Arturo Gálvez Alvarado y por otra solapar a un comandante de la policía de investigación que se encontraba adscrito en el municipio de Calpulalpan y que continua en la dependencia, los dos, por estar en estado de ebriedad.

Información publicada en el portal de noticias La Prensa de Tlaxcala señala que el agente Arturo Gálvez Alvarado fue cesado de su cargo por laborar en estado de ebriedad y amenazar a policías estatales la madrugada del 4 de agosto, “cuando elementos de la policía estatal, realizaron la puesta a disposición de dos de sus compañeros quienes en ejercicio de sus funciones habían privado de la vida a un presunto asaltante en el municipio de Huamantla”

Por otra parte en el portal AlternativaTlx se informa que la misma dependencia estaría solapando actos indebidos de un comandante de la policía de investigación, quien “en probable estado inconveniente… La tarde del sábado 30 de Julio, en inmediaciones de la comunidad de La Aurora perteneciente al municipio de Tepeyanco en Tlaxcala, se registró aparatoso accidente de tránsito… siniestro que generó severos daños a la camioneta marca Ford tipo pick up doble cabina de color blanco con placas de circulación XB-7014-A del Estado de Tlaxcala”

Las dos circunstancias involucran a servidores públicos que laceraron la institución por estar en probable estado de ebriedad, sin embargo la determinación de la procuradora fue cesar a uno y mantener a otro, aun cuando el segundo haya destruido una unidad perteneciente al Gobierno del Estado.

Tal situación ha generado incertidumbre al interior de la dependencia ya que de forma extraoficial señalan que la procuradora tiene “ciertas preferencias”, por lo que probablemente incurriría en el delito de tráfico de influencias al violentar el artículo 428 del código penal:

“El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”

Según el portal conceptosjurídicos.com la conducta moral de este delito: “la acción que ha de hacerse presente para poder hablar del tráfico de influencias es la sugerencia que se realiza con ánimo de lucro con prevalimiento. Es decir, que la mera sugerencia no es suficiente para que se consume este delito, sino que ésta ha de ser realizada por quien ostente una situación jerárquica superior, ejerciendo una presión moral impropia del cargo”