Gustavo Espinosa, presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda informó que se solicitará la ayuda a la administración estatal. “Los problemas que tienen los ciudadanos es de inseguridad jurídica, hay cobro de impuestos que ambas autoridades están realizando y creemos que lo importante es dar certeza jurídica”, aseguró el regidor
El presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del municipio de Puebla, Gustavo Espinosa informó que el Ayuntamiento capitalino solicitará la intervención del Gobierno del Estado para resolver el conflicto limítrofe con San Pablo del Monte, Tlaxcala, para dar certidumbre jurídica a todos aquellos que viven en la franja colindante en cuanto al pago y otorgamiento de servicios a una sola entidad.
En conjunto con el síndico municipal, Héctor Sánchez Sánchez pedirá al Cabildo su aval para solicitar al Gobierno del Estado establecer contacto con el estado vecino e iniciar con las negociaciones, con la expectativa de que desemboque en un acuerdo amistoso, y evitar llevar el conflicto a la Suprema Corte de Justicia.
Aunque el Ayuntamiento no ha cuantificado el daño recaudatorio de la problemática, el regidor aseguró que la prioridad es brindar incertidumbre jurídica de los poblanos que viven en la frontera con Tlaxcala.
“Los problemas que tienen los ciudadanos es de inseguridad jurídica, hay cobró de impuestos que ambas autoridades están realizando y creemos lo importante es dar certeza jurídica al ciudadano para que sepa con claridad donde debe pagar y exigir los servicios”, mencionó el regidor capitalino.
“El mercado de flores por ejemplo está escriturado en Puebla pero cada semana tienen que pagar la operatividad a los inspectores de San Pablo del Monte, y también tienen un operativo de transito por parte de Tlaxcala”, señalo Gustavo Espinosa.
Asimismo, comentó que es una problemática de varios años atrás que no podrá concluir hasta que se lleve a cabo una solución jurídica de fondo, que no se puede determinar entre municipios como sucedió en el caso de Amozoc y San Andrés Cholula al tratarse de una entidad federativa, por lo que el caso pasará a manos del gobierno estatal, y únicamente quedará en manos del Ayuntamiento capitalino dar seguimiento a la demanda.
