Por: Enrique Gasga.
La creciente pobreza, el desempleo, los pésimos servicios de salud, el estancamiento del estado en materia de obra pública y el aumento desmedido de la delincuencia en la entidad, son sólo algunas consecuencias del fracaso de las políticas públicas del gobierno del estado que han caracterizado a la presente administración, mientras que la corrupción, la violación a los derechos humanos y en gran medida la impunidad son consecuencia del abuso de poder existente en este sexenio, ambas cosas un arma que ha herido día a día la democracia y el progreso del pueblo tlaxcalteca.
La parte proporcional de los dos millones de pobres que el gobierno priista peñanietista ha producido en su administración para el caso de Tlaxcala con el gobierno marianista y la terrible inseguridad son signos de dicho fracaso de ambos gobiernos donde Tlaxcala cada vez se contamina más en cuanto a presencia de la delincuencia organizada.
Donde lamentablemente Tlaxcala al padecer una inseguridad creciente no sólo en cuanto a la presencia delictiva, sino también a la falta de seguridad social eficiente, de las graves deficiencias en el sector educativo y falta de calidad en este rubro; así como los altos niveles de desempleo y pésimos salarios, ha quedado indefensa ante el retroceso que viven dichos sectores.
Dicho tema de la inseguridad en varios rubros no sólo habla del fracaso de las políticas públicas ejercidas por el gobierno estatal en el presente sexenio; sino de un mal gobierno que desde el principio de su mandato perdió la brújula del desarrollo para la entidad.
Sin embargo, la impunidad existente no es, sino lo que alimenta toda la corrupción en todos los niveles, y es el reflejo del abuso de poder del actual gobierno.
Y ejemplos de impunidad sobran en la presente administración, donde lo mismo pueden desaparecer miles de toneladas de fertilizante bajo la responsabilidad del propio gobierno sin que nadie sea investigado y castigado por este delito, ó que el gobierno del estado y de los municipios no comprueben gastos de miles de millones de pesos del erario público, y no sólo no sean procesados por esas irregularidades, sino que hasta sean reconocidos como gobiernos “transparentes”.
O que en el Subsistema Colegio de Bachilleres de Tlaxcala se destruyan los documentos oficiales de casi todo el presente sexenio, y aunque hubo una investigación de la entonces Caiptlax quien encontró a la responsable de ordenar dicha destrucción –no así a qué intereses obedeció la misma-, esta funcionaria no sólo no fue castigada por dicho delito, sino que incluso siguió laborando en el sector educativo, y desde 2014 a la fecha no hay castigo ni para esta funcionaria ni investigación para los directivos de este organismo.
Que los policías acusados de operar presuntos secuestros tampoco hubo investigación a fondo del asunto, y el entonces titular de la policía estatal sin ningún problema abandonó su puesto y se fue del estado sin dar cuenta de los delitos que presuntamente cometieron sus subordinados.
Así podemos continuar relatando un sinnúmero de violaciones a las leyes por parte de diferentes funcionarios del presente gobierno como su intromisión en el presente proceso electoral para favorecer al candidato a la gubernatura por el partido en el poder ante la complacencia de las autoridades electorales en las recientes elecciones en el estado.
Es así que la impunidad que se vive en la entidad ha hecho de Tlaxcala un paraíso para la corrupción y para el crecimiento de la delincuencia, y con ello un ambiente cada vez más preocupante de inseguridad para las familias tlaxcaltecas, empresarios, comerciantes y para toda la sociedad que día a día está expuesta a sufrir un asalto, robo, homicidio, secuestro, ó violación, sólo por mencionar los delitos más comunes que ahora padece la entidad.
Lo anterior no sólo habla de la descomposición del aparato gubernamental; sino de una deshumanización, donde muchos gobiernos no sólo no cumplen con su responsabilidad de garantizar la seguridad de la gente; sino que ellos mismos atentan contra los gobernados sin tomar en cuenta las consecuencias para muchas familias en estado de pobreza principalmente.
Cuando dicha población vulnerable no tienen acceso a buenos servicios de salud, o no cuentan con las posibilidades de garantizar el alimento diario a su familia, o no sólo no cuentan con la oportunidad de un empleo formal, sino que si ante esta situación deciden trabajar por su cuenta sin pagar impuestos porque su pequeño negocio no da para pagarle al gobierno son llamados trabajadores informales y en muchos casos sufren persecución.
Ante este escenario, son casi nulos los gobiernos que hacen nuevos hospitales y atraen inversiones a sus entidades, o crean programas de asistencia social funcionales, es decir, gobiernos que al menos cumplen con su trabajo; pero lamentablemente los actuales en la República y en el estado; así como en muchos municipios de la entidad no son de estos; sino de los otros.
