Después de que los diputados Juan Carlos Sánchez García y Carlos Morales Badillo presentaron en tribuna la iniciativa de decreto para reformar y adicionan diversas disposiciones de la constitución política del estado libre y soberano de Tlaxcala en materia de combate a la corrupción, a nombre de la bancada de Acción Nacional, el legislador Juan Carlos, expresó la urgencia y necesidad de que se aprueben para beneficio de la sociedad.
Determinó, que dicho decreto se basa en la transparencia y apego a la legalidad por parte de algún ente público, de tal forma que la ley logrará transparentar a la ciudadanía el trabajo que viene realizando, además de que la integración del Sistema Estatal Anticorrupción, ofrecerá una lucha permanente contra la corrupción, en la cual, diversas instituciones que lo conformen intercambiaran información y experiencias, para su realimentación en su actuar, y así mejorar los programas y estrategias con efectividad y coordinación en el ámbito de sus competencias.
El legislador mencionó que el decreto tiene un ámbito más grande y completo, por lo que dotará una mayor protección de los recursos así como de los bienes que conforman nuestro estado; uno de esos rubros precisó es la creación del Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado de Tlaxcala, quien será el órgano responsable de perseguir a la corrupción desde la perspectiva administrativa, dejando a la procuraduría el ámbito penal, sin perjuicio de coadyuvarlas y proporcionándoles las investigaciones realizadas que les sean requeridas para integrar averiguaciones previas correspondientes. Mejorando así la procuración de justicia.
Por otra parte señaló, que algunos puntos importantes para la ley anti corrupción son:
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El fortalecimiento del régimen sancionador y que su procedimiento se encuentren establecidos en nuestra constitución local.
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La armonización del marco jurídico local con el federal, a efecto de fortalecer la cooperación entre la Federación y el Estado de Tlaxcala en materia de combate la corrupción.
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Establecer la obligación para que los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses una vez que asuman el cargo.
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Fortalecimiento de las facultades del Órgano de Fiscalización Superior.
Una de las partes más fuertes y centrales que tiene la ley en el ámbito penal es la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción dependiente de la procuraduría general de justicia del estado, quien será la que determine la penalidad en la que un probable omitió o violentó la ley, anteponiendo siempre la legalidad y protección de la persona sobre sus derechos humanos, además de estar homologándola al ámbito nacional.
