Autor: Enrique Gasga Ventura
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se ha convertido en uno de los problemas que han dado al traste con la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto, y tiene aristas que poco, o nada se han tocado, pero que están enterradas en las grandes interrogantes alrededor de este caso como: ¿Quién y por qué ordenó dicha desaparición?, ¿Por qué el Gobierno federal ha bloqueado el trabajo del GIEI? Y finalmente ¿Cuáles serían los beneficios y ahora son los costos político electorales para el partido en el gobierno?
Las respuestas pueden ser muchas, pero en mi opinión la respuesta a la última pregunta puede ser la clave para encontrar las otras; y de ser esto así estaríamos hablando de un mal cálculo de quienes perpetraron la barbarie de Ayotzinapa, y que ha puesto en jaque la credibilidad del gobierno federal.
Para continuar es importante centrarse en el escenario político electoral luego de las elecciones previas al 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa.
En las elecciones presidenciales de 2012 como lo dio a conocer el IFE en los resultados preliminares la alianza PRI-PVEM resultaron triunfadores con Peña Nieto como candidato con el 38.15%; pero con una alianza PRD-PT-MC que con Andrés Manuel López Obrador con el 31.64% quedaron en segundo lugar pero con un número importante de votos con más de 18 millones de sufragios a su favor, mientras que el PAN cayó hasta el tercer lugar con apenas el 25.40 por ciento.
En el caso de diputaciones federales las tendencias fueron similares donde de igual manera partidos de izquierda encabezados por el PRD quedaron en segundo lugar por abajo del PRI-PVEM, y el PAN en tercera posición aunque en el caso de senadores el albiazul si logró más puestos que el PRD no así que el PRI.
En este escenario con el que empezó a gobernar Peña Nieto aunque resultaron con el mayor número de diputados federales y senadores necesitaban todo el apoyo posible de integrantes del Congreso de la Unión y del Senado para conseguir su plan de establecer las denominadas reformas estructurales.
Dichas reformas han sido muy importantes para el gobierno federal; por lo que le apostaron a todo para comprar conciencias principalmente de los panistas aunque también perredistas y de otros partidos que votaron a favor de varias de estas reformas pese a que hacerlo conllevaba prácticamente a entregar mayor control político y económico al Ejecutivo federal.
Sin embargo, el Gobierno federal logró finalmente con todo tipo de mañas y publicidad tendenciosa que se aprobarán las reformas; y hoy sólo se discuten leyes secundarias; pero prácticamente lo esencial de dichas reformas ya estaba avalado.
Hasta aquí ahora el Gobierno peñanietista tenía otros retos ganar el mayor número de curules en las elecciones de 2015 y garantizar la permanencia del PRI en el gobierno federal para la siguiente elección presidencial.
Sin embargo, aquí las cosas se podrían complicar severamente para el gobierno federal y el PRI; ya que al sólo centrar su atención en la implementación de las reformas estructurales no previeron, o no les interesó hacer un plan económico eficiente que al menos soportara los embates de la economía internacional, el posible aumento del dólar y la baja del petróleo.
Los resultados para México en los primeros años del presente sexenio debido a dicho descuido, o irresponsabilidad del grupo que gobierna a nivel federal ha sido un crecimiento significativo de la pobreza; pésimo poder adquisitivo de los mexicanos y una economía deficiente.
La promesa del gobierno era que de avalarse las reformas se podría mejorar la situación en el país; es decir tampoco se contó con un plan en caso de que no se hubieran aceptado las reformas.
Pero pasa el tiempo y los beneficios prometidos no llegan, y seguramente no llegarán tampoco después de 2018 debido a que las reformas estructurales fueron hechas para dos cosas: Fortalecer a grandes empresas extranjeras y algunas mexicanas diferentes a las que eran beneficiadas en el sexenio pasado en que gobernó el PAN.
Y en cuestión institucional y político electoral asirse del control de los órganos regulatorios encaminados a garantizar la permanencia del PRI en el gobierno federal, entre ellas el INE.
A estas alturas alrededor del segundo año del gobierno de Peña Nieto ya se podía prever que la economía del país iba a la baja; que no había estrategias para enfrentar el impacto negativo por la desaceleración económica de Estados Unidos; así como otros problemas de la economía internacional.
Aunado a todo este escenario negativo para México, actualmente todavía se suman los excesos y ligas con el crimen organizado por parte del gobierno mexicano donde se liberó a personajes con serias acusaciones de delincuencia organizada; se permitió la supuesta fuga del Chapo Guzmán; y se ha evidenciado a nivel internacional la violación sistemática a los derechos humanos de la población por parte del gobierno mexicano.
En este contexto en cuestión político electoral, y ya iniciado el 2014 con miras a las elecciones federales de 2015 el gobierno federal no se podía exponer a que debido al mal gobierno que estaba ejerciendo la oposición subiera más en las preferencias, lo cual pondría en riesgo incluso la Presidencia de la República.
Ante esto parece más clara la desesperación que el gobierno federal podía tener desde el inicio de 2014 en el terreno político electoral; y el enemigo latente era la oposición de izquierda encabezada por el PRD con López Obrador al frente.
Desde esta perspectiva política parece empezar a tener sentido la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
Si recordamos las noticias posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, podremos ver que a quien de inmediato se señaló por su responsabilidad fue al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y al entonces gobernador de Guerrero Ángel Aguirre ambos perredistas.
Y aquí más que buscar a los estudiantes desaparecidos y dar con el móvil de este caso, se inició con una campaña negra contra el PRD que llegó a afectar a la dirigencia nacional significativamente.
Pero aquí la pregunta: ¿Quién operaba dicha campaña en los medios masivos de comunicación y con qué intereses?
Unas semanas después de la desaparición la credibilidad hacia el PRD nacional prácticamente estaba por los suelos; si en aquel momento las cosas hubieran quedado así probablemente hoy la supuesta verdad histórica de Murillo Karam estaría legitimada, y el PRD hubiera quedado irremediable e injustamente como corresponsable de este hecho.
Lo que si se generó es lo que probablemente se tenía pensado manchar la imagen del perredismo nacional lo suficiente como para frenarlos en las elecciones de 2015, y por supuesto quitarles la posibilidad de ganar la suficiente credibilidad del electorado como para ganar la siguiente elección presidencial.
Y es precisamente este suceso una de las razones por las que el PRI con severas críticas; pero con la maquinaria de gobierno de su lado y ya con la crisis que se generó en el PRD, se perfiló sin problemas hacia un triunfo –muy cuestionado-, pero contundente en las pasadas elecciones federales.
Por lo que ante esto, y pensando en las próximas elecciones presidenciales se prevé un importante voto de castigo contra el PRI; pero por muy fuerte que sea el rechazo del pueblo mexicano sus adversarios PAN y PRD apenas están tratando de reorganizarse.
Mientras que Andrés Manuel López Obrador que por cierto dejo el barco del PRD quizá intuyendo lo que se perpetraba, será el encargado con MORENA de quitar casi toda posibilidad de que la oposición pueda aspirar a llegar a los Pinos al fragmentarla cada vez más.
Hasta aquí aunque no se ha encontrado a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas –y quizá ni siquiera se les ha buscado-, si podemos visualizar que el PRI ha sido el más beneficiado en cuestión de resultados electorales y con ello el gobierno de Enrique Peña Nieto; aunque este escenario deja abierta la puerta a la posibilidad de que el gobierno federal haya maquinado todo esto.
Si bien sería un desatino señalar probables culpables del caso Ayotzinapa, el evidente bloqueo del Gobierno mexicano a las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resulta un asunto muy significativo.
En este sentido, por ejemplo el gobierno mexicano si bien recibió a los expertos del GIEI, si no toma sus recomendaciones para enriquecer la investigación y llegar a la verdad de las cosas de qué sirvió haberlos recibido; y si no admite aspectos elementales para llegar a la verdad de las cosas como permitir las entrevistas con los miembros del ejército probablemente involucrados en dicho suceso, entonces cabría preguntarse de qué lado está.
Por lo pronto el Gobierno de Enrique Peña Nieto ya logró dos aspectos de suma importancia que buscaba como base de su administración; la aprobación de las reformas estructurales y ganar el mayor número de diputaciones federales, y hoy con una oposición desquebrajada su reto será mantener la Presidencia de la República aunque los costos internacionales han sido muy elevados; pero los costos para el pueblo mexicano aún son mucho mayores.
