La SIP considera Fallo contra Vanguardia Precedente Regresivo para la Libertad de Prensa en México

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó y expresó preocupación por la sentencia dictada hoy contra el periódico Vanguardia de Saltillo. La organización advirtió que el fallo sienta un precedente jurídico regresivo para la libertad de prensa en México.

El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Octavo Circuito de Coahuila rechazó el amparo presentado por Grupo Vanguardia contra la resolución de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del 9 de diciembre de 2024, que desestimó la apelación en un litigio por una supuesta deuda mercantil. Según Vanguardia, el expediente se tramitó con una celeridad inusual y con criterios jurídicos insuficientes, validando un adeudo “inferido” sin contar con un título ejecutivo con los requisitos que marca la ley.

Entre las irregularidades señaladas por la defensa figuran: la admisión de una copia simple de una escritura pública sin valor ejecutivo; el uso de un estado de cuenta emitido por una empresa cesionaria y no por una institución bancaria, lo que impide aplicar presunciones legales de validez; inconsistencias de fechas y ausencia de pruebas sobre la disposición efectiva del supuesto crédito; así como la inversión indebida de la carga de la prueba, obligando a la parte demandada a acreditar lo que correspondía demostrar a la actora.

Abogados consultados calificaron como “extraordinario” que una apelación de miles de fojas se resolviera en apenas 72 horas, cuando casos similares suelen tardar entre un mes y 45 días. Si bien los efectos puntuales no están claros, el medio fue condenado a pagar una indemnización cuyo monto aun no fue determinado. Se trata de una decisión de última instancia, según indicaron desde Vanguardia.

La empresa sostiene que este litigio es consecuencia de una campaña sistemática de hostigamiento legal y persecución personal iniciada en 2016 por el exgobernador Humberto Moreira Valdés, tras la cobertura del diario sobre su detención en España por presuntos delitos financieros. En abril pasado, la SIP ya había alertado sobre la presión judicial contra Vanguardia, calificándola como una forma de represalia por su labor informativa.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, afirmó que “el uso de procesos judiciales como instrumento de presión contra medios independientes constituye una forma de censura indirecta que erosiona la democracia”. Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador, indicó: “Todo indicio de que un litigio mercantil se instrumentaliza para castigar investigaciones periodísticas debe encender las alarmas de la sociedad”.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó: “Respetamos las instituciones judiciales, pero no podemos pasar por alto cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales consagrados en los artículos 6º y 7º de la Constitución mexicana”. Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), añadió: “Esta sentencia no solo pone en riesgo la estabilidad económica de un medio, sino que priva a sus audiencias del acceso a información de interés público. La libertad de expresión no es un privilegio de los medios, es un derecho de toda la sociedad”.

La SIP reiteró su llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen que las disputas judiciales contra medios se tramiten con estricto apego a las garantías del debido proceso, sin influencias indebidas ni motivaciones políticas, y advirtió que seguirá observando de cerca la evolución del caso y sus implicaciones para la prensa mexicana.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.