La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) observa con preocupación una reciente orden emitida por las autoridades paraguayas que determinó el cierre temporal de los 263 locales de la cadena BiggieExpress, perteneciente al Grupo ABC, propietaria del diario ABC Color. El periódico, a través de un editorial, denunció la medida como “feroz apriete para acallar” al medio.
La decisión fue adoptada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), tras inspecciones llevadas a cabo en apenas 12 sucursales, en las que se detectaron productos vencidos, reetiquetados y potencialmente “en riesgo para la vida de los consumidores,” según informes de ABC Color.
Según consta en la ResoluciónN.º326/2025 de la Dinavisa, emitida el 12 de agosto, las acciones comenzaron el 7 de agosto, cuando Sedeco ordenó la inspección específica de BiggieExpress mediante la constancia de orden de trabajo N.º48/2025. Dicha evaluación se amplió el 11 de agosto, con nuevas actas de fiscalización y la presentación a Dinavisa de los hallazgos, que dieron lugar a la medida de cierre, indicó el diario.
Hasta el momento, el gobierno no ha precisado una fecha exacta para levantar la suspensión. Según lo informado, la vigencia de la medida se prolongará “hasta que se regularicen los locales, sus inventarios y se eliminen todos los productos en mal estado”, aunque no se estableció un plazo concreto, de acuerdo al diario Última Hora.
La magnitud de la suspensión —que afecta a más de 5.300 trabajadores, pequeñas y medianas empresas, proveedores locales y economías regionales— ha generado un amplio rechazo. Organismos como la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) calificaron la acción como una “sanción desproporcionada y sin precedentes” y advirtieron del impacto negativo en la confianza de los inversores y el clima de negocios.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, señaló que las autoridades “deben garantizar la transparencia del proceso y así evitar decisiones estatales que puedan percibirse como represalias o neutralización de críticas periodísticas”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó que “se debe explicar clara y públicamente la justificación de la medida, para evitar cualquier apariencia de discriminación conforme a los principios consagrados en la Declaración de Chapultepec”.
El principio 6 de la Declaración de Chapultepec, suscrita por el presidente Santiago Peña en octubre de 2024, afirma que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
