¿Quién cuida a quién? La Seguridad en los Centros Comerciales está en Entredicho

Por Jesús Cervantes

Una vez más, el discurso institucional pretende zanjar una situación alarmante con una serie de puntualizaciones técnicas que, lejos de generar confianza, evidencian las fisuras en el sistema de seguridad pública y privada. El reciente robo en una tienda departamental de la Plaza Comercial Gran Patio, Tlaxcala no solo pone en duda la eficacia de los mecanismos de vigilancia, sino también deja entrever una preocupante cadena de omisiones.

Según el propio Gabinete de Seguridad, el hecho fue reportado casi una hora después de haberse cometido. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Dónde estaba el personal de seguridad privada contratado por la tienda? La respuesta oficial se limita a decir que debieron “proceder conforme a sus directrices”. ¿Y si no lo hicieron? ¿Quién les supervisa? ¿Cuál es el protocolo ante un delito flagrante dentro de un espacio comercial?

A esto se suma un elemento aún más inquietante: La plaza no cuenta con condiciones adecuadas para la visibilidad de las cámaras del C5i. Dicho de otro modo, estamos hablando de una zona comercial que, pese al flujo constante de personas y dinero, se mantiene al margen de las estrategias de videovigilancia estatal. Y aunque las autoridades se justifican señalando la falta de acercamientos con los administradores del lugar, esta declaración parece más una excusa que una explicación.

La seguridad no puede seguir siendo una responsabilidad fragmentada, donde cada actor, la empresa privada, la administración del centro comercial, las fuerzas públicas actúa por su cuenta sin una coordinación efectiva. Cuando se pierde una hora en reaccionar ante un delito, lo que está en juego no es solo el patrimonio de una tienda, sino la sensación de desprotección que se instala en la ciudadanía.

Las “precisiones” del reporte no son suficientes. Se necesita una revisión profunda de los esquemas de vigilancia, la rendición de cuentas de las empresas privadas y un compromiso real por parte de las autoridades para no dejar en manos de terceros lo que debería ser una garantía pública: la seguridad.

Porque, al final del día, la pregunta sigue en el aire: ¿quién está cuidando nuestros espacios públicos si ni las cámaras ni el personal de seguridad responden a tiempo?