Por Rafael Alfaro Izarraraz
Ajustar las normas legales a los nuevos tiempos es casi por regla un compromiso en todas las naciones en que ocurre una revolución como es el caso de México: la revolución pacífica iniciada en aquel 2018. Aunque originalmente no era parte de la agenda de los líderes de esta revolución finalmente los cambios ocurridos al interior del poder, con la llegada de Norma Piña a la Presidencia, de la Suprema Corte de Justicia (adscrita al grupo político del ex presidente Carlos Salinas), facilitó la comprensión de la necesidad de llevar a cabo un cambio en ese poder en su conjunto. Y el domingo pasado se cumplió con el compromiso adquirido por la presidenta del Plan “C”.
Es mentira la idea que se ha difundido de que acudieron a votar personas que ignoraban a qué elección acudían y que si lo hicieron fue en una condición de ignorancia total. La necesidad de una reforma judicial y el conflicto contra el Poder Judicial tiene de manera abierta casi 40 años si no es que se trata de un conflicto histórico en el que el pueblo siempre ha estado confrontado con poderes que lo han sojuzgado. El conflicto se agudizó en los últimos 40 años cuando el viejo Poder Judicial aprobó todas las reformas neoliberales que fueron en su contra. Y en los dos últimos gobiernos (AMLO y Sheinbaum) la confrontación ha sido total con el viejo Poder Judicial.
Como no iban a estar informados los votantes si el pueblo es un pueblo que hizo una revolución pacífica. Que hayan votado más de 13 millones de mujeres y hombres registrados en el padrón electoral es un éxito porque es la primera experiencia del pueblo en la elección de jueces, ministros y magistrados. Lo que hicieron esos 13 millones es de romper con una tradición autoritaria y antidemocrática que tenía cientos de años. No existía experiencia en el pueblo acerca de cómo elegir a integrantes del viejo Poder Judicial. Esto nunca había ocurrido ni en México ni en el mundo y esta es la dimensión de esta proeza histórica.
Por las características de la elección, el pueblo votó por los candidatos que eran los más conocidos por lo que el poder judicial en la parte alta tendrá en su mayoría a mujeres y hombres comprometidos con la cusa a la que convoca la justicia popular. Es posible en la estructura del poder regional no haya ocurrido lo mismo y que existan resistencias o funcionarios que apelen a prácticas que el pueblo quiere erradicar. Por fortuna habrá una instancia dentro del nuevo poder judicial (el Tribunal de Disciplina Judicial) al que se podrá demandar la erradicar las prácticas corruptas de justicia. Será una instancia fundamental.
Lo que contribuirá a poner fin a las cofradías de abogados de empresa o de despachos de abogados. En las regiones, capitales de los estados o municipios las empresas nacionales y multinacionales tienen grupos de abogados que inciden en el proceso jurídico. Han creado narrativas en torno a que son “equipos de abogados muy chingones” porque no pierden una batalla legal cuando en realidad son el poder de las empresas y el dinero que distribuyen o distribuían para torcer la ley lo que les ha dado poder por tanto tiempo. El nuevo poder judicial tendrá que poner en su lugar a estas mafias del poder en rostro de cuerpos de abogados empresariales.
La muerte de un régimen es complicada y no ocurre de inmediato aún a pesar de que el cambio haya sido instaurado por una revolución que toma el poder de manera violenta. En el caso de México, existen poderes que han sido desplazados del poder y para quienes el viejo Poder Judicial era un Poder fundamental. Estos poderes fácticos han estado en todo momento desalentando a la población para que no fuera a votar y descalificar la elección. Pero 13 millones de mujeres y hombres que acudieron a votar es una extraordinaria cifra que no podrán desacreditar cuando se trata de la primera experiencia en la elección de un Poder, el Judicial.
Pero no es el último clavo en el ataúd. No debe olvidarse que la justicia es un concepto social que incluye a lo jurídico pero incrustado en una concepción de justicia sociocultural. Es decir, la reforma judicial, la elección del domingo de jueces, magistrados y ministros, y su concretización a partir de septiembre próximo, debe contemplarse no como un hecho estrictamente jurídico, sino como parte de la revolución de las conciencias en donde juega un papel trascendental, sin duda, lo siguiente: evitar que la justicia esté al servicio de “mafia del poder”, pero en el contexto de una política de justicia social.
A esto le tiene pavor la antigua mafia que gobernaba el país. El conflicto jurídico es un proceso que va más allá de la aplicación de la ley, aunque la parte legal-conflictual es un elemento central. Por lo que el triunfo del domingo requiere continuar con las políticas sociales de justicia que equilibren la parte social para que esa justicia contribuya a transformar al pueblo en actor del conflicto jurídico. La parte social de la justicia es central, mayor apoyo económico, más escuelas a las que acudan los hijos de los segmentos de la población que ocupan la parte baja de la escala social, atenciones médicas, cultura jurídica, bajar los niveles de inseguridad. Que los problemas no impliquen una desventaja para el pueblo.
La escuela debe entenderse contribuir a incrementar la matrícula de los segmentos de la población menos favorecida, aumentar su matrícula en los más altos niveles de la educación como la licenciatura y el posgrado, pero también en la formación de los abogados que cuenten con una educación que les inculque el servicio hacia los que no tienen poder. El periodo neoliberal con su ideal individualista adornado con la idea de que alguien que destaca es “producto del esfuerzo” logró crear generaciones de abogados que esquilman al pueblo en los despachos con que cuentan sin, a veces, resolver los “asuntos” creando desesperanza ante el conflicto jurídico.
Cuando los abogados se han formado mal y se filtran a poder judicial todo conduce a una calamidad y más como ocurrió que la mitad de los empleados son familiares de quienes han estado al frente del viejo Poder Judicial. Los órganos del poder no a nivel federal sino en el ámbito regional son vistos por los habitantes de esos lugares como auténticas cuevas de ladrones. Son espacios en donde se extorsiona a quienes acuden a los juzgados. Los implicados en el conflicto jurídico difícilmente normalizan lo que ahí ocurre, pero muy pocas oportunidades tuvieron de actuar. Esos trece millones de mexicanos y mexicanas que acudieron el pasado domingo a votar es altamente probable que hayan vivido experiencias traumáticas ante el viejo Poder Judicial.
El nuevo poder judicial va encontrar resistencia al interior de la estructura del nuevo poder no entre jueces, ministros y magistrados, creo que la mayoría será afín al proyecto revolucionario y transformador de la 4t, pero el personal al servicio del poder judicial es parte del pasado y está muy influenciado por las ideas del antiguo gobierno. No olvidemos que los empleados fueron a la calle y ahí estuvieron en protesta con el fin de evitar a la reforma judicial. En los estertores de la resistencia hablaron sus dirigentes hasta de formar un partido político. Ya concluido el proceso los integrantes del nuevo poder judicial deben estar atentos a los esfuerzos que potencialmente pueden surgir de estos trabajadores que intentarán sabotear el trabajo de los integrantes del nuevo poder.
Aunque la corrupción se generaba desde las alturas del viejo Poder Judicial los empleados de ese poder disfrutaban de los beneficios de la corrupción que generaba el administrar la justicia a favor de los poderosos grupos económicos y de criminales. Y van a representar una piedra en el zapato para los nuevos jueces, magistrados y ministros porque esos empleados están en sintonía con el viejo régimen. Estos empleados son los que llevan a cabo las “operaciones” menores y mayores en juzgados federales o regionales. Ellos son la cara con la que mujeres y hombres miran cuando llegan a las oficinas del viejo Poder.
El proceso, en cuanto a la justicia económica se refiere, salta a la vista la desigualdad de los actores en conflicto, porque no todos tienen para pagar un “buen abogado”, sostener un conflicto por tiempo indeterminado o en el que se requiera inversiones de transporte, despachos, alimentos o alojamiento por largos periodos de tiempo, entre otros factores. Si la desigualdad social se mantiene como hasta ahora, no obstante, los importantes datos sobre la eliminación de la pobreza, el proceso de conjunto de la justicia puede vivir experiencias que frustren las aspiraciones del pueblo de una justicia popular.
La elección no fue el último clavo en el ataúd contra la derecha mexicana, pero casi la entierra…
